¿Por qué contratar un abogado querellante o defensas privada en el proceso penal?
Al momento de la comisión de un delito, las personas pueden verse implicadas en calidad de testigos, peritos, víctimas o imputados. En estos dos últimos escenarios, la ley prevé situaciones especiales.
Así, en el caso de las víctimas, se les identifica como la persona afectada por el delito, pudiendo ser considerada esta en sí misma (ej. quien sufre una estafa) o con quienes mantienen los vínculos señalados por la ley (ej. hermano de una persona asesinada), adquiriendo facultades especiales al intervenir en el proceso penal a través de un abogado querellante, quien le representará en todas las instancias investigativas y judiciales, velando por sus derechos e intereses en la imputación de los delitos, manteniendo un trato directo con el fiscal del caso. En la actualidad, conforme Boletín Estadístico publicado por el Ministerio Público, sólo entre enero y junio de 2022, se produjo un ingreso de 682.674 casos nuevos, manteniéndose invariable el número de fiscales adjuntos a nivel nacional, el cual, conforme su Ley Orgánica, se limita en 769, lo cual conforma un aproximado de 888 casos nuevos a cargo de cada fiscal, en un período de 6 meses. Tal sobredemanda, que se acumula a los casos previos asignados a cada fiscal, así como todos los nuevos ingresos que diariamente se generan, implican una reducción en el tiempo que se brinda a cada causa, lo cual podría producir un retraso en las diligencias investigativas, así como un limitado conocimiento de los más variados aspectos de la causa, todo lo que puede ser suplido y mejorado a través de un abogado querellante, quien, como es nuestro caso, brindará prioridad, tiempo y cercanía con las víctimas, en la causa correspondiente.
En el caso de los imputados, la ley los representa como todas aquellas personas contra quienes se realizan actuaciones del procedimiento. Tal calidad de imputado se puede mantener siendo autor, cómplice o encubridor de un delito, revistiendo a su vez, la presunción de inocencia durante todo el proceso. Al igual que en el caso señalado previamente, el número de ingresos que mantiene el Ministerio Público reviste, por oposición, el número de ingresos de la Defensoría Penal Pública. De tal modo, los defensores penales públicos, experimentan la misma sobredemanda, por lo que contar con un defensor penal privado implica delegar la defensa ante fiscalía y tribunales, en un abogado que, como es nuestro caso, analizará las diferentes estrategias de defensa aplicables a la causa correspondiente, optimizando las diligencias necesarias para evitar una sobre exposición prolongada al proceso penal, velando siempre por la solución menos gravosa, en vista a la libertad de las personas.